A nueve años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, celebrado en noviembre de 2025, Colombia enfrenta un momento de crucial contraste. El pacto, concebido para transformar las causas estructurales del conflicto (Reforma Rural Integral, participación política, drogas ilícitas y centralidad de las víctimas), ha contado con una inversión significativa superior a 107 billones de pesos.

Este análisis, basado en reportes institucionales y de derechos humanos de 2025, revela una dicotomía: mientras que la justicia transicional se ha consolidado como un pilar innegablemente sólido, la promesa de transformación territorial—especialmente la distribución de la tierra y la seguridad—sigue pendiente, alimentando una crisis de violencia persistente.

I. El Pilar Irreversible: Justicia y Reparación (Punto 5)

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por la JEP, la UBPD y la CEV, es el componente más robusto e irreversible del proceso.

1. Hitos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Tras siete años de funcionamiento, la JEP ha logrado la rendición de cuentas de máximos responsables, dictando sus primeras sentencias con sanciones propias.

• Sanciones Restaurativas: Se impusieron sanciones a siete miembros del último Secretariado de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad, como el secuestro. También se sancionó a 12 exintegrantes del Batallón La Popa por asesinatos y desapariciones forzadas en la región Caribe. Estas sanciones son restaurativas, exigiendo trabajos como la búsqueda de desaparecidos y acciones de reparación simbólica y ambiental, por periodos de cinco a ocho años.
• Justicia Étnica: La JEP abrió el Caso 09 para investigar crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos. El universo provisional de víctimas de origen étnico en este caso asciende a 1.350.181. Este macrocaso aborda vulneraciones ejercidas por FARC-EP, Fuerza Pública y paramilitares, reconociendo la importancia de armonizar la justicia transicional con las autoridades étnicas.

2. La Labor Humanitaria de la UBPD

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) registra un universo de 132.877 personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado, verificado hasta agosto de 2025.

• Resultados de Búsqueda: La UBPD ha recuperado 1.239 cuerpos, realizado 162 entregas dignas y localizado con vida a 141 personas. Un ejemplo de su trabajo es la recuperación de 45 cuerpos en el cementerio de Fuentedeoro, Meta, en marzo de 2025, relacionados con hechos ocurridos entre 1995 y 2006.

3. El Legado de la Comisión de la Verdad (CEV)

El Informe Final de la CEV, entregado en 2022, incluyó 74 Recomendaciones para la no repetición del conflicto. El Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM), creado por el Decreto Ley 588 de 2017, es la instancia encargada de vigilar la implementación de estas recomendaciones, asegurando un seguimiento con enfoque territorial, diferencial y de género.

II. El Estancamiento de la Paz Territorial y el Bloqueo de la RRI (Punto 1)

La Reforma Rural Integral (RRI), pilar de la transformación social, es el eje con mayor rezago y el punto de falla estructural que compromete el resto del Acuerdo.

1. La Asimetría de la Tierra

El avance en la RRI es marcadamente desigual entre la formalización y la redistribución.

• Formalización de Tierras: Se ha avanzado en la formalización de 3.5 millones de hectáreas (el 50% de la meta de 7 millones), otorgando seguridad jurídica a un porcentaje importante de agricultores y comunidades étnicas.
• Rezago Crítico en Redistribución: La meta de redistribuir 3 millones de hectáreas para el Fondo de Tierras solo ha alcanzado 275.577 hectáreas adjudicadas a agosto de 2025, lo que representa apenas el 9% del objetivo. Esta disparidad revela una profunda resistencia política e institucional a alterar la histórica estructura de tenencia de la tierra.

2. El Bloqueo de la Jurisdicción Agraria (JAR)

La Jurisdicción Agraria y Rural (JAR) es indispensable para resolver los miles de conflictos de tierras y acelerar la RRI.

• Luz Verde Constitucional, Parálisis Legislativa: A pesar de que la Corte Constitucional avaló la estructura de la ley estatutaria (Sentencia C-340 de 2025) en noviembre de 2025, la ley ordinaria requerida para definir competencias y procedimientos sigue estancada en el Congreso.
• Obstrucción Política: La implementación operativa de la JAR está paralizada debido a tácticas de la oposición, como el abandono del recinto para romper el quórum en la Cámara de Representantes, impidiendo el avance de la ley. Esta obstrucción mantiene miles de casos paralizados y evita la reforma estructural.

III. Seguridad Territorial y Crisis Humanitaria

El recrudecimiento de la violencia generada por grupos armados (como el ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC) debilita la implementación y compromete directamente la vida de los actores de paz.

1. El Asedio a Líderes Sociales y Defensores

La violencia contra líderes y lideresas sociales persiste como un obstáculo sistémico.

• Cifras Alarmantes (2025): La Defensoría del Pueblo reportó 81 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en los primeros cinco meses de 2025. Desde la firma del Acuerdo (enero de 2016) hasta mayo de 2025, el número total de líderes asesinados asciende a 1.569.
• Instrumentalización Política: La violencia contra líderes es una estrategia deliberada, con riesgos que aumentan en los periodos preelectorales (2026), buscando el control político y social de los territorios.
• Sectores Afectados: Los líderes comunales, comunitarios, indígenas y campesinos o agrarios son los más impactados.

2. Vulnerabilidad de los Firmantes de Paz y Resiliencia Económica

Más de 11.000 firmantes continúan su reincorporación a la vida civil. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha aprobado $5.246 millones para fortalecer 13 iniciativas colectivas de firmantes. Estos proyectos demuestran una capacidad organizativa y resiliente en departamentos como Meta, Cauca y Antioquia. Sin embargo, esta resiliencia es frágil, ya que muchas iniciativas prosperan sin acceso a tierra propia ni financiación estatal suficiente.

• Asesinatos de Firmantes: La Misión de Verificación de la ONU documentó 481 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo. En lo corrido de 2025, se reportó el asesinato de 34 firmantes de paz.
• Avance Institucional en Protección: El Gobierno reglamentó el Programa de Protección Integral (PPI) mediante el Decreto 0638 de junio de 2025, una medida dirigida a coordinar la protección integral de los firmantes y sus familias.

3. Violencia con Enfoque Diferencial

El conflicto y su reconfiguración afectan de manera desproporcionada a las poblaciones con enfoque diferencial.

• Capítulo Étnico: La falta de implementación del Capítulo Étnico ha provocado un incremento en patrones de violencia como el desplazamiento forzado y la violencia sexual contra mujeres afrocolombianas, principalmente en el Pacífico.
• Afro-LGBT: Las personas Afro-LGBT han sufrido formas diferenciadas y sistemáticas de violencia por prejuicios racistas y LGBTfóbicos. A septiembre de 2021, el Registro Único de Víctimas (RUV) contabilizaba 660 víctimas Afro-LGBT en el país, aunque se reconoce un enorme subregistro. Es fundamental aplicar un enfoque interseccional para garantizar sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

4. Reducción del Mandato de la ONU

Un evento significativo en octubre de 2025 fue la reducción del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia por parte del Consejo de Seguridad. Esta reducción, impulsada por Estados Unidos, eliminó dos funciones clave: la verificación de las sanciones restaurativas de la JEP y el seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

• El Vacío: La embajadora de Colombia lamentó esta eliminación, recordando que los pueblos indígenas se cuentan entre los más afectados por el conflicto. Rusia también deploró la medida, alertando sobre el vacío que se generará en las esferas de la verdad y la restauración. La Misión continuará verificando la reincorporación, las garantías de seguridad y la Reforma Rural Integral.

Conclusión: La Urgencia de la Transformación Estructural

El noveno aniversario del Acuerdo de Paz pone de manifiesto que la paz institucional es fuerte, pero la paz territorial sigue fracturada. El fracaso en la implementación del Punto 1 (con solo el 9% de cumplimiento en la redistribución de tierras y el bloqueo activo de la Jurisdicción Agraria) es el factor causal principal que perpetúa la inseguridad, la violencia contra líderes y la dependencia de economías ilícitas.

Para que los avances en justicia (SIVJRNR) no sean desbordados por la crisis territorial, el Estado debe priorizar la acción ejecutiva y legislativa inmediata para desbloquear la RRI y garantizar la seguridad de los firmantes y líderes sociales, especialmente ante la escalada de riesgos proyectada para el periodo preelectoral de 2026.