En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resulta esencial visibilizar el impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado en Colombia, reconociendo a las mujeres no solo desde las afectaciones sufridas, sino también desde su trayectoria como sujeto político. De acuerdo con el corte del Registro Único de Víctimas (RUV) a septiembre de 2024, 4.922.862 personas son mujeres, lo que representa el 50,21% del total de víctimas registradas.

Este conflicto prolongado está informado por una ontología patriarcal, exacerbada por estructuras de dominación como el racismo y el clasismo. La imbricación de estas opresiones ha provocado que el impacto sea particular para las mujeres, variando según su pertenencia étnica, clase social, ciclo de vida e identidad de género.

1. La Carga Desproporcionada de la Violencia

El hecho victimizante que concentra la mayor afectación a las mujeres es el Desplazamiento Forzado, con 4.485.019 víctimas. Además, aunque la mayoría de víctimas directas de homicidio y desaparición forzada son hombres, las mujeres se ven gravemente impactadas por estas violencias en su vida cotidiana.

• Victimización Indirecta: Cuando se analiza la victimización indirecta, las mujeres tienen una mayor afectación frente a los hombres. Son el 60,7% de las víctimas indirectas de homicidio y el 60,8% de las víctimas indirectas de desaparición forzada.
• Intensificación de Responsabilidades: Esta situación intensifica las tareas de cuidado y las responsabilidades económicas y domésticas que asumen en sus hogares y comunidades. Este trabajo de cuidado se traslada también al movimiento de víctimas, donde las mujeres lideran actividades esenciales como la búsqueda de desaparecidos y la exigencia de liberación de secuestrados.

2. Violencia Sexual e Interseccionalidad

La violencia sexual se ha empleado de forma generalizada y desproporcional contra las mujeres. El 90,3% de las víctimas registradas por delitos contra la libertad e integridad sexual son mujeres, frente al 7,9% de los hombres. Esto se explica porque la ontología patriarcal utiliza el cuerpo, la sexualidad y el género como un campo de batalla y de disputa por el orden social.

Las dinámicas de victimización muestran impactos diferenciales en función de la etnia y el ciclo de vida:

• Impacto Étnico: De las mujeres víctimas de delitos sexuales, el 30,67% se autorreconocen con pertenencia étnica. Las mujeres negras o afrocolombianas son las más afectadas, representando el 23,08% del total. Estas violencias están relacionadas con la imbricación de opresiones, incluyendo el racismo estructural y los arreglos de género instaurados por la sociedad patriarcal.
• Ciclo Vital: El impacto ha sido desproporcionado en las generaciones más jóvenes: el 41,04% de los eventos ocurridos afectaron a niñas y adolescentes (entre 0 y 17 años). Las adolescentes enfrentan riesgos particulares relacionados con la vinculación a grupos armados y los delitos contra la libertad e integridad sexual.

3. La Lucha Política y la Sanción al Liderazgo

Las mujeres han desafiado los roles tradicionales asignados por el patriarcado mediante una participación activa en lo político, lo público y lo comunitario. La incidencia de las organizaciones de mujeres y feministas en los procesos de paz y la justicia transicional, sumada a la consolidación del movimiento de víctimas, las convirtió en objetivo militar. Esto se reflejó en un aumento de los hechos victimizantes entre los años 2000 y 2008, periodo con las cifras más altas de eventos padecidos por mujeres.

La pertenencia organizativa de las mujeres y su rol como defensoras de derechos humanos ha sido sancionada por los actores armados. Por ejemplo, se han registrado 171 lideresas sociales asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz, siendo el Cauca, Antioquia y Nariño los departamentos con mayor número.

4. Avances Normativos y el Desafío de la Vulnerabilidad

El Estado colombiano ha avanzado en la garantía de los derechos de las mujeres, en gran parte como resultado de la lucha de las organizaciones de mujeres.

• Institucionalidad y Género: Se ha consolidado la institucionalidad de género con hitos como la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad durante el Gobierno del Cambio.
• Justicia Transicional: La incidencia feminista impulsó la incorporación de la perspectiva de género en todos los mecanismos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
• Legislación Reciente: Recientemente fue aprobada la Ley 2364 de 2024, que reconoce y protege la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de personas dadas por desaparecidas, definiéndolas como sujetos de especial protección constitucional.
• Protección a Lideresas: El Gobierno del Cambio implementa el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD), buscando proteger su vida y su derecho a defender los derechos humanos.

A pesar de estos avances, el principal desafío sigue siendo la superación de la vulnerabilidad. Según la última medición de Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV), 9 de cada 10 mujeres víctimas de desplazamiento forzado no superan su situación de vulnerabilidad (89,91%). Los mayores rezagos se presentan en derechos clave como la garantía de vivienda, la generación de ingresos y la alimentación.

La Unidad para las Víctimas (UARIV) ha indemnizado históricamente a 862.201 mujeres (el 54,6% del total de personas indemnizadas). En cuanto a las acciones futuras, la Dirección de Registro y Gestión de la Información se ha comprometido con la construcción del Registro Único de Mujeres Buscadoras (RUMB) y la implementación efectiva del enfoque de género y los enfoques diferenciales en toda su tarea misional.