Defensores de Derechos Humanos en Colombia: Una Lucha a Contracorriente por el Ambiente y la Vida

La defensa de los derechos humanos en Colombia es, sin lugar a dudas, una labor de alto riesgo. A pesar de los compromisos internacionales y los mecanismos internos de protección, la realidad es que líderes y lideresas sociales, especialmente aquellos que defienden el ambiente y los territorios, siguen enfrentando amenazas, violencia y asesinatos. Las Alertas Tempranas 007 de 2024 y 001 de 2025 de la Defensoría del Pueblo son una clara señal de la persistencia de patrones de vulneración en diversas regiones del país.

La situación es tan crítica que informes recientes de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional (sentencia SU 546 de 2023), junto con un informe de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil sobre la misma sentencia, han expuesto las fallas estructurales en la lucha contra la impunidad y en la garantía de protección para esta población vulnerable. Este contexto se agrava por la presencia de actividades ilegales y la violencia generada por grupos armados y estructuras criminales en disputa por el control territorial.

Un Panorama de Riesgo Extremo: La Violencia en los Territorios

Las alertas de la Defensoría del Pueblo, específicamente la Alerta Temprana 007 de 2024 y la más reciente Alerta Temprana Estructural 001 de 2025, han documentado un preocupante patrón de violencia sistemática contra líderes y lideresas ambientales en distintas regiones del país. Los principales patrones de vulneración incluyen:

Amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.
Restricciones a la organización comunitaria.
La instrumentalización del discurso ambiental como un mecanismo de control territorial por parte de grupos armados ilegales.

Esta violencia está directamente ligada a la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal. Los defensores ambientales se encuentran en un panorama de riesgo creciente debido a varios factores clave:

Control territorial y violencia sistemática: Los grupos armados buscan consolidar su hegemonía en los territorios, amenazando y atacando a los líderes sociales y ambientales que denuncian sus actividades ilegales.
Ausencia de garantías estatales: La falta de presencia efectiva del Estado ha dejado a muchas comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema, facilitando la impunidad de los crímenes contra líderes sociales y personas defensoras del ambiente.

El impacto de estas amenazas es devastador: cientos de líderes se han visto obligados a abandonar sus territorios, lo que debilita los procesos de defensa ambiental y de derechos humanos. Los grupos armados aprovechan esta situación para imponer normativas ilegales, restringir la movilidad y limitar el acceso a recursos naturales, socavando la capacidad organizativa de las comunidades. Este fenómeno no solo afecta la integridad de las víctimas, sino que también tiene consecuencias devastadoras para las comunidades.

Cifras Alarmantes y una Impunidad Persistente

Las estadísticas presentadas por la Fiscalía General de la Nación son contundentes:

Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, se registraron 1.372 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
De estos, 1.322 están siendo investigados por la Fiscalía y 26 por la Jurisdicción Especial Indígena.
Las principales víctimas son líderes comunales (373 casos), indígenas (219), comunitarios (223), campesinos (119) y afrodescendientes (49).
Un alarmante 68% de los homicidios ocurrieron en zonas rurales con fuerte presencia de organizaciones criminales.

A pesar de este contexto, la respuesta judicial sigue siendo insuficiente:

De los 1.322 homicidios en investigación, solo 527 (40%) han avanzado a la etapa de imputación de cargos. Esto significa que el 60% de los casos aún no tienen avances procesales significativos.
Se han emitido únicamente 217 sentencias condenatorias entre 2016 y 2024.
En más de la mitad de los casos, no se ha identificado al autor material.
De 111 personas vinculadas como determinadores o autores intelectuales en 82 casos, solo 20 han recibido una sentencia condenatoria.

La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil ha señalado que la estrategia de investigación de la Fiscalía es insuficiente. Aunque el 70% de los casos judicializados se atribuyen a grupos armados ilegales (como el EMC, Segunda Marquetalia, ELN y Clan del Golfo), la investigación ignora la posible responsabilidad de otros actores políticos, económicos y estatales que se benefician de estos crímenes. Además, no se ha avanzado en esclarecer la connivencia de organismos de seguridad del Estado con grupos armados ilegales, a pesar de las denuncias, y se ha señalado que estas estructuras criminales han expandido su control de municipios en un 50% en los últimos seis años sin que se investigue la responsabilidad de la Fuerza Pública en estas omisiones.

Desafíos Estructurales en el Acceso a la Justicia

La impunidad sigue siendo uno de los principales factores que perpetúan la violencia. Esto se debe a varias barreras estructurales:

La Fiscalía ha abordado otros delitos (como amenazas, criminalización arbitraria, hostigamiento, persecución, robos de información y dispositivos, vigilancia ilegal, violencia basada en género y agresiones relacionadas con organizaciones criminales) de manera fragmentada, impidiendo un análisis integral del fenómeno.
El uso excesivo de figuras como los preacuerdos ha obstaculizado el acceso a la verdad. En el 64% de las 217 sentencias, se omite el esclarecimiento del móvil del homicidio y no se reconoce la labor de liderazgo de la víctima, afectando el derecho a la verdad y perpetuando la impunidad. La priorización de estos mecanismos procesales sin un análisis exhaustivo del contexto debilita el impacto de las investigaciones.
Las graves limitaciones en las investigaciones se deben principalmente a la ausencia estatal en zonas de alta conflictividad.

Oportunidades y Recomendaciones para un Futuro más Seguro

A pesar del desalentador panorama, existen señales de reconocimiento y oportunidades para la transformación. La Fiscal General ha calificado la situación como una “una catástrofe que no debe continuar”, lo que implica un reconocimiento institucional de las barreras estructurales y un compromiso de avanzar hacia transformaciones profundas. Se ha destacado la importancia de reconocer el valor democrático del trabajo de los defensores y la voluntad de adoptar enfoques diferenciales (de género, étnico y territorial) en las investigaciones. La Fiscalía ha iniciado esfuerzos para ampliar su presencia a través de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial y ha señalado la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la relación con las víctimas.

Una oportunidad clave es la implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia en julio de 2022. Este es el primer acuerdo internacional en América Latina y el Caribe que aborda la protección de los defensores ambientales. Al garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú fomenta una mayor transparencia y empodera a las comunidades.

Para romper el ciclo de impunidad y garantizar la protección, las recomendaciones clave para el Estado y el sistema judicial incluyen:

La implementación plena e inaplazable de la sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional.
Fortalecer las fiscalías territoriales y asegurar que las investigaciones trasciendan la identificación de los autores materiales para judicializar a quienes financian, planifican y se benefician de los crímenes.
Una mejor articulación entre instituciones estatales como la Fiscalía, Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para rastrear y judicializar a actores desde estructuras de poder.
Enfrentar decididamente la corrupción e infiltración de intereses ilegítimos en el aparato judicial.
Garantizar la no repetición de estos crímenes, aplicando enfoques diferenciales (de género, étnico y territorial) para reconocer los riesgos específicos de mujeres defensoras, comunidades indígenas y afrodescendientes.
Articular la política de paz, las estrategias de protección y la implementación del Acuerdo de Escazú, ya que la seguridad de los líderes no puede estar desvinculada de la construcción de paz ni de la garantía de seguridad para quienes defienden los derechos humanos.

La lucha contra la impunidad en Colombia es una tarea monumental, pero esencial para la democracia y la protección del ambiente. El compromiso institucional, la articulación entre entidades y la implementación efectiva de marcos legales como el Acuerdo de Escazú son pasos fundamentales para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan continuar su labor vital sin arriesgar sus vidas.

Fuentes de Consulta

“Situación actual de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en Colombia: un panorama de riesgo y desafíos sin resolver.” (Excerpts -)